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"REQUISITOS PARA UN DISEÑO DE LEY DE COMPETENCIA PARA GUATEMALA"
Por Gabriel Muadi publicado por UNCTAD

Régimen Legal de la Competencia en Centroamérica y Guatemala:

El tema de la competencia en el istmo centroamericano no es nuevo, ya desde hace varios
años en la región se han venido desarrollando en cada país distintos cuerpos legales que
regulan la competencia de sus mercados internos a través de leyes ordinarias y leyes
especiales.   

En Centroamérica se pueden dividir en dos grupos, países con Ley de Competencia entre los
cuales destacan  Costa Rica y Panamá, que ya cuentan con cuerpos legales de primera
generación y con instituciones públicas encargadas de velar por la aplicación de las mismas;
por ejemplo, en Costa Rica se creó la Comisión para Promover la Competencia,  a través de
Ley No. 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor del 20 de
diciembre de 1994. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 19 de enero de 1995; institución
encargada de velar por la aplicación tanto de la Ley de Competencia como de Consumidor.

En Panamá se creó la institución encargada de velar por la aplicación de ley de Competencia y
de Consumidor, a través Ley 29 del primero de febrero de 1996, por la cual se dictan normas
sobre la Defensa de la Competencia.

CUADRO COMPARATIVO DE LOS MARCOS LEGALES REGIONALES VIGENTES CON SUS
DIFERENTES CARACTERÍSTICAS.


Marco Legal
COSTA RICA                                                             
                                      
Ley No. 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor del 20 de
diciembre de 1994. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 19 de enero de 1995.         

PANAMA
Ley 29 del primero de febrero de 1996, por la cual se dictan normas sobre la Defensa de la
Competencia y se adoptan otras medidas. Decreto Ejecutivo no. 31 (de 3 de septiembre de
1998) "Por el cual se reglamentan el título I (del monopolio) y otras disposiciones de la Ley no.
29 de 1 febrero 1996"

Objeto
COSTA RICA
La Ley establece que sus fines son:a. Proteger efectivamente los derechos y los intereses
legítimos del consumidor;b. La tutela y promoción del proceso de competencia y libre
concurrencia.        

PANAMA
El objeto de la Ley es proteger y asegurar el proceso de libre competencia económica y la libre
concurrencia, erradicando las prácticas monopolísticas y otras restricciones en el
funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, para preservar el interés
superior del consumidor.

Ámbito de Aplicación       
COSTA RICA
La normativa concerniente a la Promoción de la Competencia se aplica a todos los agentes
económicos. En el mercado, toda persona física, entidad de hecho o de derecho, pública o
privada, participe de cualquier forma de actividad económica, como comprador, vendedor,
oferente o demandante de bienes o servicios, en nombre propio o por cuenta ajena, con
independencia de que sean importados o nacionales, o que hayan sido producidos o prestados
por él o por un tercero.

PANAMA
Esta Ley se aplicará a todos los agentes económicos, ya sean personas naturales o jurídicas,
empresas privadas o instituciones estatales o municipales, industriales, comerciantes o
profesionales, entidades lucrativas o sin fines de lucro, o a quienes por cualquier otro título,
participen como sujetos activos en la actividad económica.

Prohibiciones  
COSTA RICA
Se prohíben y deben sancionarse Los monopolios públicos o privados y las prácticas
monopolísticas que impidan o limiten la competencia, el acceso de competidores al mercado o
promuevan su salida de él (...)Cuatro tipos de conducta son prohibidos por la Ley: las prácticas
monopolísticas absolutas, las prácticas monopolísticas relativas, las concentraciones y La
competencia desleal.        

PANAMA
Esta Ley prohíbe cualquier acto, contrato o práctica que restrinja, disminuya, dañe, impida o
que, de cualquier otro modo, vulnere la libre competencia económica y la libre concurrencia en
la producción, procesamiento, distribución, suministro o comercialización de bienes y servicios


Órgano de aplicación        
COSTA RICA
Como órgano de máxima desconcentración, adscrito al Ministerio de Economía, Industria y
Comercio. Esta Comisión debe conocer, de oficio o por denuncia y sancionar, cuando proceda,
todas las prácticas que constituyan impedimentos o dificultades para la libre competencia y
entorpezcan innecesariamente la fluidez del mercado.        

PANAMA
Crease un organismo especial denominado Comisión de Libre Competencia y Asuntos del
Consumidor, llamada en la presente Ley la Comisión, como una entidad pública descentralizada
del Estado, con personería jurídica propia, autonomía en su régimen interno, independencia en
el ejercicio de sus funciones, y adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias. La Comisión
estará sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República, de acuerdo con la
Constitución y las leyes

Procedimiento        
COSTA RICA
La Ley establece que la instancia administrativa ante la Comisión para Promover la
Competencia es obligatoria y de previo agotamiento de la vía para acudir a la vía judicial,
excepto en el caso de actos de competencia desleal.        

PANAMA
A. Procedimientos Administrativos 1. Proceso de verificación de concentracionesB.
Procedimiento Judicial 1. Competencia

Revisión de las Resoluciones
COSTA RICA
Agotada la vía administrativa, las resoluciones finales podrán impugnarse directamente por
ilegalidad ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
mediante un procedimiento contencioso administrativo abreviado        

PANAMA
A. Procedimientos Administrativos 1. Recurso de apelación y agotamiento de la vía
gubernativaB. Procedimiento Judicial Contra la resolución final, solamente cabrá el recurso de
apelación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado ante el tribunal superior de apelaciones
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.


Un segundo grupo de paséis sin Ley pero que están trabajando en ellas como lo son El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Países que se han quedado rezagados en el
desarrollo de este tema económico jurídico, quizás por no tener una prioridad política en sus
agendas de desarrollo económico en comparación con otros instrumentos legales.

Compromisos Multilaterales Regionales:
Los países de la región recientemente han suscrito tratados multilaterales de libre comercio con
Panamá, Chile, Republica Dominica, México y Estados Unidos el cual está pendiente de
aprobación por los Congresos y Asambleas de cada país contratante, también se negocia un
tratado con Canadá.

En los tratados de libre comercio antes mencionados, se desarrolla un capítulo de la política de
competencia en el cual se establecen los acuerdos para evitar prácticas anticompetitivas que
menoscaben los beneficios que estos otorgan, así también se plasma el acuerdo de establecer
mecanismos que faciliten el desarrollo de políticas de competencia.

Dentro del Plan de Acción Nacional de Cooperación, elaborado durante las negociaciones del
US-CAFTA los Gobiernos del Istmo han establecido dentro de las Prioridades para Asistencia
Técnica Futura, dentro del componente de Mejoramiento de Clima de Negocios, el
fortalecimiento de la Competencia.  Se solicita cooperación para el desarrollo de la política de
competencia.

En el marco de la integración económica centroamericana, en el Protocolo de Guatemala, se
establece la necesidad de contar con marcos jurídicos que regulen la competencia en los
mercados internos de los países miembros.

Actualmente en El Salvador se han presentado ante la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley
de Competencia, el cual esta en su fase de aprobación.  Asimismo Honduras está trabajando
en su proyecto de ley de Competencia  con la cooperación de Banco Mundial en su desarrollo,
tiene planeado presentarlo ante el Congreso este año.  Actualmente, Nicaragua está
trabajando con la cooperación internacional en el desarrollo de su proyecto de ley.

Compromisos Multilaterales de Centroamérica en Materia de Competencia:
TLC REPUBLICA DOMINICANA  TLC CHILE        TLC PANAMA        PROTOCOLO DE
GUATEMALA

Evitar prácticas empresariales anticompetitivas, que menoscaben beneficios del tratado.
Establecer mecanismos que faciliten yPromuevan el desarrollo de la política de competencia.
Se crea el Comité de Comercio y Libre Competencia.         
Evitar prácticas empresariales anticompetitivas, que menoscaben beneficios del tratado.
Establecer mecanismos que facilites el desarrollo de políticas de competencia.         
Evitar prácticas empresariales anticompetitivas, que menoscaben beneficios del tratado.
Establecer mecanismos que facilites el desarrollo de políticas de competencia         
En el sector comercio, los Estados Parte convienen en adoptar disposiciones comunes para
evitar las actividades monopólicas y promover la libre competencia en los países de la región



Situación de Guatemala en Relación a Sus Vecinos:
Guatemala, desde el año 1997, durante los últimos 3 gobiernos, el Ministerio de Economía ha
venido desarrollando un anteproyecto de Ley de Competencia, en el cual se han incorporado
las últimas políticas y el marco regulatorios internacionales en este tema.   Se ha contado con la
participación de expertos internacionales como nacionales en su desarrollo y revisión,
quedando únicamente pendiente el apoyo político, el cual muchas veces no se logra en primer
lugar por desconocimiento del tema, o por una mala interpretación de la política de
competencia, vista desde el punto de vista que los monopolios deben de ser erradicados
cueste lo que cueste, concepción que ha cambiado radicalmente con la doctrina moderna de la
competencia, en la cual los monopolios no deben ser destruidos por el mismo hecho de ser
monopolios, sino únicamente sancionados cuando abusen de su posición de domino en el
mercado.  

¿Porqué una Ley de Competencia para Guatemala?
El tema de la regulación de monopolios en Guatemala no es nuevo, ya ha sido regulado a nivel
constitucional y en leyes ordinarias generales y leyes especiales desde hace dieciséis y treinta
años respectivamente.  

El marco jurídico guatemalteco actualmente en materia de competencia cuenta con:
o        Constitución Política de la Republica de Guatemala
o        Código de Comercio
o        Código Penal
o        Ley de Comercialización de Hidrocarburos
o        Ley General de Telecomunicaciones.
o        Ley de Bancos

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA:
La Constitución Política de la República que data del año 1986 en el artículo 130 establece en
forma clara la prohibición de Monopolios y Privilegios, el cual dice así:

“Artículo 130. Prohibición de monopolios. Se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado
limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de
la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad
comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. El Estado
protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la
libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores.”

A la norma constitucional citada, se le debe hacer una análisis detenido, pues no sólo se limita
a prohibir los monopolios en forma  per se de los monopolios y  los privilegios.  

En el mismo texto establece como función del Estado las siguientes:
o        Limitar el funcionamiento de empresas que absorban o tienden a absorber la producción
de uno o más ramos industriales o de una actividad comercial o agropecuaria, en perjuicio de la
economía nacional.

La Constitución delega en las leyes ordinarias la regulación de las funciones establecidas en el
párrafo anterior al establecer  “las leyes determinarán lo relativo a esta materia”.

También establece otras atribuciones del Estado como lo son
o        Proteger la economía de mercado
o        Impedir las asociaciones que tiendan a restringir la libertad de mercado o perjudicar a los
consumidores.

En esta norma constitucional el legislador en forma general incorporó los elementos del objeto
de una ley de competencia, como lo son:
o        Preservar y promover la libre competencia,
o        Incrementar la eficiencia económica y el bienestar del consumidor,
o        El control de los actos de concentración económica, los acuerdos restrictivos o los
arreglos entre empresas, fusiones o adquisiciones,
o        El abuso de la posición de mercado dominante, que limiten el acceso a los mercados o
de cualquier forma restrinjan indebidamente la competencia, afectando de forma adversa el
comercio nacional, internacional o el desarrollo económico.
o        Impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de
bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad; y prohibir las prácticas
monopólicas y privilegios.

Asimismo la Constitución Política establece como obligaciones del Estado según el artículo 119.
Obligaciones del Estado  entre otras las siguientes:
h) Impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de
bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad;

Con base en  esta norma el Estado de Guatemala debe impedir el funcionamiento de prácticas
excesivas como lo son los acuerdos restrictivos, carteles y los abusos de posición de dominio.

i) La defensa de consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de los
Productos de consumo interno y de exportación para garantizarles su salud, seguridad y
Legítimos intereses económicos;

La defensa de los intereses económicos del Consumidor es obligación del Estado, y al
promover la competencia en el mercado, esto trate como beneficio productos de mejor calidad
a un precio más competitivo, en beneficio de consumidor.

l) Promover el desarrollo ordenado y eficiente el comercio interior y exterior del país,
fomentando mercados para los productos nacionales;

Otra obligación del Estado es el fomento de los mercados, y qué mejor forma de fomentarlos
que eliminar las barreras de entrada o de salida de los mismos para los agentes económicos
puedan desarrollar sus actividades sin ninguna restricción artificial.

n) Crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y
extranjeros.
La competencia como política de Estado y aplicada a través de un ordenamiento jurídico, es a
la vez un instrumentó de transparencia y de certeza jurídica para los inversionistas nacionales y
extranjeros, al saber que en el país existen los mecanismos legales para proteger su inversión
de actos o conductas que puedan limitar su desarrollo económico.

En base a las normas constitucionales antes enunciadas encontramos una base sólida para el
desarrollo de una política de competencia fundamentada en la Constitución Política de la
Republica, y establecida como una obligación del Estado, por medio de la cual se proteja el
mercado, eficiencia económica, se impidan las asociaciones que restrinjan la liberad de
competir y se protegen los intereses económicos del  consumidor.

CÓDIGO DE COMERCIO:
Por orden cronológico inició a mencionar entre las normas de carácter ordinario una de las más
antiguas que es la contenida en el Código de Comercio Decreto 2-70 del Congreso de la
República, en el artículo 361, en el cual establece: “Artículo 361. (Prohibición de Monopolios).
Todas las empresas, tienen la obligación de contratar con cualquiera que solicite los productos
o servicios que prestan, observando igualdad de trato entre las diversas categorías de
consumidores”.

El epígrafe de esta norma no necesariamente coincide con el texto del artículo, pues se
establece una obligación a los comerciantes de no discriminación, norma que esta relacionada
con la competencia y establece una obligación de trato igual a las diversas clases de
consumidores, siempre estableciendo una obligación de no discriminación, propia de una ley de
defensa del consumidor moderna.

Realmente esta norma no desarrolla los principios establecidos en la Constitución Política en el
artículo 130, ni tampoco desarrolla la obligación del Estado establecida en los incisos señalados
del artículo 119 de la misma norma constitucional.

CÓDIGO PENAL:
En una regulación diferente a la establecida en la Constitución Política y en el Código de
Comercio, el Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República, que está vigente
desde 1973, éste tipifica ciertas figuras o conductas en los artículos 340 y 341, dan especial
trato al acaparamiento de bienes con el fin de ocasionar escasez y subir los precios.  

Artículo. 340. (Monopolio). Quien, con propósitos ilícitos, realizare actos con evidente perjuicio
para la economía nacional, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales, o de
una misma actividad comercial o agropecuaria, o se aprovechare exclusivamente de ellos a
través de algún privilegio, o utilizando cualquier otro medio, o efectuare maniobras o convenios,
aunque se disimularen con la constitución de varias empresas, para vender géneros a
determinados precios en evidente perjuicio de la economía nacional o de particulares, será
sancionado con prisión de seis meses a cinco años y multa de quinientos a diez mil quetzales.

Al igual que el Código de Comercio, el epígrafe del artículo no define claramente según la
doctrina moderna, que es un monopolio u oligopolio, además agrega el elemento de tener un
propósito ilícito, el cual se puede interpretar como un dolo, algo que dista mucho de la realidad
y de las condiciones de un mercado.  Además la sanción que establece es sumamente baja en
cuanto a la multa y por el plazo de la prisión esta es conmutable, y sí analizamos detenidamente
esta norma no fomenta por ningún lado  la eficiencia económica ni el bienestar del consumidor.

Artículo. 341 (Otras formas de monopolio). Se consideran, también actos de monopolio
contrarios a la economía pública y el interés social. El acaparamiento o sustracción al consumo
de artículos de primera necesidad, con el propósito de provocar el alza de los precios en el
mercado interno; Todo acto o procedimiento que impida o se proponga impedir la libre
concurrencia en la producción o en el comercio; Los convenios o pactos celebrados sin previa
autorización gubernativa encaminados a limitar la producción o elaboración de algún artículo,
con el propósito de establecer o sostener privilegios y lucrar con ellos; La venta de bienes de
cualquier naturaleza, por debajo del precio de costo, que tenga por objeto impedir la libre
concurrencia en el mercado interno La exportación de artículos de primera necesidad sin
permiso de la autoridad competente, cuando se requiera, si con ello puede producirse escasez
o carestía.
El responsable de alguno de los hechos enumerados anteriormente será sancionado con:
prisión de seis meses a tres años y multa de dos cientos a mil quetzales.

Esta norma hace una regulación más puntual sobre conductas y actos sancionados con prisión
y multa, pero al igual que la anterior las sanciones son leves y no  buscan la eficiencia
económica en el mercado ni el beneficio del consumidor, elementos esenciales de una política
de competencia moderna.

LEY PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS:
Más recientemente se ha tocado el tema muy superficialmente en leyes más modernas a partir
de mil novecientos noventa y seis, como lo son la Ley para la Comercialización de
Hidrocarburos, en la cual se regulan algún tipo de conductas, pero no se establecen medidas
correctivas o sancionatorias.  Esta ley no  le da al ente regulador de los hidrocarburos los
elementos legales necesarios para sancionar todas aquellas conductas que atenten contra la
libre competencia.

El mercado de los hidrocarburos es abierto en Guatemala, pero los abusos de posición de
dominio, los carteles y demás conductas restrictivas que se dan en el mismo pasan
desapercibidas, en perjuicio de la eficiencia económica y de los consumidores.

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES:
La Ley General de Telecomunicaciones, es una ley más reciente, es del año 1996, la cual
resulta como consecuencia de la privatización del mercado de las telecomunicaciones, que
pasó de ser un monopolio estatal a una apertura de mercado total, en el cual cualquier
interesado puede participar.  Según el artículo veintidós de la ley, que se cita a continuación,
las contrataciones, la fijación de precios, son libremente pactados entre las partes contratantes.

“ARTICULO 22. Libertad de competencia. Las condiciones contractuales, así como los precios,
para la prestación de toda clase de servicios comerciales de telecomunicaciones, serán
libremente estipulados entre las partes y no estarán sujetos a regulación ni aprobación por
autoridad estatal, excepto por lo que se relaciona con el acceso a recursos esenciales lo cual
queda sujeto a lo prescrito en esta ley.”

Es a través de esta norma que en Guatemala se dio un paso significativo para la apertura de
sus mercados y la modernización de la economía, se dio una invitación a la inversión nacional y
extranjera, para el desarrollo del mercado, se desmonopolizó el mercado con todos los
beneficios directos para los consumidores y usuarios, no obstante que todavía se señala de
ciertas irregularidades en el proceso de privatización de la empresa estatal, lo cual desde la
perspectiva del consumidor poco importa, pues el Estado dejó de hacer algo que hacia muy mal
y lo traspasó al sector privado, donde quizás no es perfecto pero es mucho mejor de lo que
teníamos hace 20 años, cuando tener un teléfono en Guatemala, era un lujo.

Ahora bien, al aperturar el mercado de las telecomunicaciones se apostó que el mercado se
regularía por si mismo a través de la competencia perfecta, lo cual hay que tener cuidado ya
que si preguntamos a los agentes económicos, se dan lo abusos de posición de dominio del
agente económico con mayor participación en el mercado, y la ley de la materia no obstante
que establece una libertad en el mercado no le otorga al ente regulador las facultades para
sancionar la concentración en un mismo proveedor de los servicios de telecomunicaciones que
actualmente no se limitan propiamente a telefonía fija.

Es necesario contar con un conjunto de normas que promuevan la libre competencia, para que
el mercado de las telecomunicaciones siga trasladando al consumidor precios más bajos, mejor
servicio y diversidad de opciones.

LEYES QUE REGULAN LA FUSIONES O CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:
Las concentraciones económicas es una de las formas en que se pueden crear
concentraciones de actividades económicas en un pequeño grupo de agentes económicos en
un mercado particular, lo cual puede conllevar a la cartelización del mercado, al abuso de poder
del agente económico dominante y a la aparición de restricciones verticales u horizontales.

Ahora bien, dentro del marco jurídico guatemalteco, el Código de Comercio establece los
requisitos legales para la fusión de empresas, la cual puede ser por transformación o
absorción, pero únicamente se limita a regular lo estrictamente formal, sin tomar en cuenta la
posición de mercado que una empresa puede adquirir al concentrarse o fusionarse, es
simplemente estructural.

Artículo 256. (Formas de fusión). La fusión de varias sociedades puede llevarse a cabo en
cualquiera de estas formas: 1o. Por la creación de una nueva sociedad y la disolución de todas
las anteriores que se integren en la nueva; 2o. Por la absorción de una o varias sociedades por
otra, lo que produce la disolución de aquellas.

En todo caso, la nueva sociedad o aquella que ha absorbido a las otras, adquiere los derechos  
y obligaciones de las sociedades disueltas.

Artículo 257. (Normas que rigen). Cuando de la fusión de varias sociedades haya de resultar
una distinta, su creación se sujetará a los principios  que ‘rijan la constitución de la sociedad a
cuyo género haya de pertenecer.

Artículo 258. (Responsabilidad que no cesa). La responsabilidad ilimitada y solidaria de los
socios colectivos y de los comanditados no cesa por la fusión, respecto de las obligaciones
derivadas de actos anteriores a ella.

Artículo 259. (Resolución e inscripción). La fusión deberá ser resuelta por el órgano
correspondiente de cada una de las sociedades en la forma y términos que determina su
escritura social.

Los acuerdos de fusión deben inscribirse en el Registro Mercantil; siendo titulo suficiente para
ello, actas notariales en las que se transcriba lo acordado por cada sociedad. Hecho el registro,
deberán publicarse conjuntamente los acuerdos de fusión y el último balance general de las
sociedades en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación en el país por tres veces en
el término de quince días.

Artículo 260. (Plazo para autorizar la escritura). La fusión no podrá llevarse a cabo antes
De transcurridos dos meses cortados desde la última

La nueva Ley de Bancos Decreto del Congreso 19-2002, regula en el artículo 11 lo relacionado
con la fusión, absorción y adquisición de Bancos. En dicha norma la ley establece que las
fusiones, absorciones y adquisiciones serán autorizadas o no por la Junta Monetaria, la cual
deberá reglamentarlo.  La Junta Monetaria emitió la resolución identificada como JM-90-2003 a
través de la cual se crea el Reglamento para la Autorización de Fusión, de Entidades
Bancarias, la Adquisición de acciones de una entidad bancaria por otra de similar naturaleza,
así como la cesión de una parte sustancial del balance de una entidad bancaria.
En dicho reglamento se regula todo lo relacionado a como formalizar la fusión o absorción entre
dos o más entidades bancarias, únicamente velando por que se cumplan los requisitos formales
y que la institución tenga la solidez económica para operar en el mercado, sin tomar en cuenta
aspectos tan importantes para la economía como cuál va ser su nueva cuota de mercado de las
empresas fusionadas, cómo será afectada la eficiencia económica del mercado bancario con la
nueva fusión, qué abusos de posición de dominio puede ejercer este nuevo agente económico
ahora que tiene mayor participación del mercado o poder económico.  Ante estas cuestiones la
nueva Ley de Bancos, no es satisfactoria.

ANTEPROYECTO DE LEY DE COMPETENCIA:
Guatemala  es un país en desarrollo y por lo tanto su economía necesita contar con las
políticas  e instrumentos legales que sirvan de base para el desarrollo de la eficiencia
económica y todos con destinatario indirecto el consumidor.

Ahora bien, cómo lo podemos lograr? Lo podemos alcanzar a través de la implementación de
una política de Competencia como política de Estado,  este es uno de los instrumentos que nos
puede ayudar a mejor el clima de negocios en Guatemala y atraer inversión extranjera y el
fortalecimiento de los mercados.

Qué conlleva una política de Competencia? Una política de competencia debe establecer una
marco jurídico, a través del cual se busca eliminar del mercado, de todos aquellos obstáculos
para el inversionista nacional y extranjero, que lo limite de participar de un mercado libre de
barreras, estas pueden ser de diversas índoles, como por ejemplo barreras legales, barreras
técnicas, restricciones derivadas de conductas y acuerdos verticales y horizontales.

Ahora bien, la política de competencia como tal, a través del principio de la Abogacía de la
Competencia va a buscar procurar la eliminación de todas aquellas barreras legales que se han
venido insertando en el marco jurídico guatemalteco, en el cual se crea una serie de privilegios
en beneficio de ciertos agentes económicos y dejando a fuera a otros posibles competidores,
en perjuicio de la eficacia económica y del consumidor como un beneficiario indirecto de una
política de competencia.  

Para su implementación se debe hacer un proceso de desregulación de la economía, y ésta
solo puede ser ejecutada por el Estado, como el principal proveedor de barreras legales en la
economía.  

ALGUNOS EJEMPLOS DE BARRERAS LEGALES

I.        Mercado de Seguros: Existen regulaciones de índole comercial que impiden la entrada al
mercado doméstico de productos importados.  Un ejemplo claro de este tipo de obstáculo es el
artículo 1ero la Ley de Seguros, que prohíbe a empresas extranjeras prestar sus servicios en
Guatemala, únicamente las aseguradoras “nacionales” pueden prestar estos servicios.  Este
mercado está cerrado a la competencia extranjera, la cual si se libera podría brindar a los
asegurados nacionales una mejor y más completa gama de servicios, con los que cuenta
actualmente el sector.  
Una liberalización del mercado obligaría a este sector a ser más competitivo y modernizarse.  
No basta con liberalizar los mercados o privatizar la empresas estatales, para tener una
apertura económica competitiva, tiene que existir un marco legal que garantice y promueva la
competencia de los agentes económicos ya establecidos en el mercado y todos aquellos que
quieran entrar a competir.

II.        Mercado de Telecomunicaciones:  Actualmente el mercado de los servicios de
telecomunicaciones está regulado por la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto 94-96
del Congreso de la República, la cual establece en el artículo 1 que el objeto de la ley entre
otros, es fomentar la competencia entre los diferentes prestadores de servicios de
telecomunicaciones.  

La misma ley establece en el artículo 22 que las condiciones contractuales así como los precios
para la prestación de toda clase de servicios comerciales de telecomunicaciones, serán
libremente estipulados entre las partes y no estarán sujetos a regulación ni aprobación por
autoridad estatal.

El artículo 100 deroga el artículo 1520 del Código Civil que le otorgaba al ejecutivo la facultad
de revisar las normas y las tarifas de los contratos de adhesión.   Esta norma por sí misma no
puede garantizar la libre entrada al mercado de los agentes económicos, ni sancionar los
abusos en que  el agente económico  que compró el monopolio estatal, ya que no existe un
marco legal que promueva la competencia y que proteja el mercado. La Superintendencia como
ente regulador, actualmente no puede sancionar los abusos de posición de dominio que esta
haga y no está en la capacidad de hacerlo y tampoco le corresponde.   

Recientemente el Congreso modificó el Código Civil y puso en vigencia de nuevo el artículo
1520 del Código Civil.  El fin es proteger los intereses de los consumidores.  Esta norma para lo
único que va servir es para obstáculo de acceso al mercado, ya que se contrapone al texto del
artículo 22 de la ley y crea una nueva barrera, la cual es la autorización del Ejecutivo de las
tarifas y contratos para la prestación de estos servicios.   

No es a través de este tipo de normas que se protege el mercado y menos a los consumidores,
es a través de una legislación que prohíba las conductas restrictivas, los abusos de posición de
dominio, los carteles  y sancione los abusos en que incurran los agentes económicos.

III.        Mercado de Energía Eléctrica:  Este mercado está regulado por la Ley General de
Electricidad, Decreto 93-96 del Congreso de la República.  Al igual que el mercado de las
telecomunicaciones cuenta con un ordenamiento jurídico que crea un órgano administrativo
para la aplicación de la ley, que es eminentemente técnica.  Esta y la Ley General de
Telecomunicaciones, en cuanto a la protección del mercado, no tienen los medios ni capacidad
técnica para corregir cualquier abuso de posición de dominio, cartel o medida restrictiva que se
den en el mercado por parte de los agentes económicos..   

Establece en el artículo 1 en términos generales que es libre la generación de electricidad, el
transporte, el servicio de distribución y los precios pero la prestación del servicio de
electricidad, con la excepción de los servicios de transporte y distribución sujetos a
autorización.  En términos generales, esta ley elimina cualquier barrera de entrada al mercado.

Con la reciente reforma del artículo 1520 del Código Civil, que faculta al Ejecutivo para autorizar
las tarifas y revisar los contratos, ya no podemos hablar de una libre competencia en las tarifas,
sino las que aprueba la arbitrariedad del Ejecutivo lo que termina de desalentar la inversión en
este sector.

No obstante el literal b) del artículo 4, la Comisión debe únicamente limitarse a ver cuestiones
de índole eminentemente técnica, para lo cual cuentan con un buen marco legal.  Lo que se
refiera a cuestiones eminentemente de protección de la libre competencia, a través de la
prohibición de conductas o estructuras  que puedan obstaculizar la entrada y salida del
mercado, deberá de regularse en una ley especifica, aplicada por un órgano autónomo, con
capacidad técnica y financiera para estudiar el mercado y corregir sus imperfecciones.

En el artículo 7 se establece que si una misma persona individual o jurídica efectuara en forma
simultanea las actividades de generación y distribución deberá de realizarlo través de empresas
o personas jurídicas diferentes. Esta norma va dirigida a la estructura de las empresas, pero no
toma en cuenta las conductas.

IV.        Mercado de la Salud: El mercado de la salud está conformado por una serie de
instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, autónomas y semiautonomas,
municipalidades e instituciones privadas cuya competencia u objeto es la administración de
acciones de salud.  

Establece la Constitución Política de la República en el artículo 93 que la salud es un derecho
fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. En el artículo 94 del mismo cuerpo
legal, establece que el Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los
habitantes.   

En el artículo 100 establece que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad
social para beneficio de los habitantes de la nación.    

Asimismo establece en el mismo artículo que la aplicación del régimen de seguridad social
corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.  

Después de analizar las normas citadas, se puede determinar que es aquí es donde se
establece a nivel constitucional un obstáculo a la entrada en la prestación de servicios de
seguridad social en el mercado de la salud, al establecer por disposición de la ley un monopolio
en esta rama de la actividad, lo cual como se ha comprobado deja afuera a buena parte de los
habitantes de la nación, en violación de lo establecido en el artículo 93 citado.  

A lo largo de la historia de la institución cuenta con déficit en virtud que en violación del artículo
100 segundo párrafo, tanto Estado, empleadores y empleados tienen la obligación de
contribuir, siendo a la fecha el Estado el mayor deudor del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social.   

Este mercado debería ser liberado y dejar que los habitantes a quienes se pretende proteger,
sean libres de escoger con que institución pública o privada les brinde este servicio.

V.        Mercado del Transporte:  En el artículo 131 de la Constitución se establece quizá una de
las primeras barreras de entrada a un mercado que de conformidad con dicho artículo goza de
la protección del Estado y para la instalación y explotación de cualquier servicio de transporte
nacional o internacional, es necesaria la autorización gubernamental.  Aquí se establecen dos
barreras en este mercado, la primera es que goce de la protección del Estado, por qué esta
rama goza da la protección del Estado?, no es una función del Estado estar protegiendo  los
agentes  económicos, sino promoviendo la competencia entre los mismos.  Segundo, es a nivel
constitucional donde se establece la autorización para operar en dicho mercado, por qué?, a
caso no es una barrera de entrada para operadores nacionales o internacionales?

Este es otro ejemplo, de cómo a nivel constitucional hay sectores del mercado que gozan de
una protección indebida del Estado, teniendo como resultado servicios de mala calidad, a
precios altos en perjuicio del consumidor, al cual supuestamente estas normas deben de
beneficiar y proteger, no a los agentes económicos que participan en el mercado.


VI.        Mercado de la Educación Superior:  En la constitución política de la República de
Guatemala, en el artículo 87, volvemos a encontrar otro obstáculo de entrada al mercado, esta
vez es en el mercado de los servicios profesionales.  Establece el artículo en mención, que sólo
serán reconocidos en Guatemala, los grados, títulos y diplomas otorgados por las
universidades legalmente autorizadas y organizadas para funcionar en el país.  Así mismo
establece que es la Universidad de San Carlos la única facultad para resolver la incorporación
de profesionales egresados de universidades extranjeras y para fijar los requisitos previos que
al efecto hayan de llenarse.  Los profesionales que adquieren una educación superior fuera de
Guatemala, seguramente en universidades de mejor nivel, importando al país los conocimientos
más recientes de los países desarrollados, haciendo una inversión económica alta en su
educación, son premiados en primer lugar por el Estado, no reconociendo sus títulos y por lo
tanto en principio no pueden ejercer.  Para ejercer tienen que someterse a una serie de
pruebas para que sus títulos sean reconocidos y poder incorporarse y colegiarse para poder
participar en la vida económica nacional.  Todo esto es una limitación a la libertad de trabajo
que la misma constitución establece.  

Otro obstáculo está establecido en el artículo 90 de la Constitución Política de la República, el
cual establece la Colegiación Profesional Obligatoria, bajo los argumentos de superación moral,
científica, técnica y material.   Otra vez, en lugar de promover la libre competencia, la
eliminación de barreras de entrada de mercado, en lugar de velar por la protección efectiva del
mercado y de los consumidores, la ley protege a los agentes económicos.  

Como parte de este tema, se puede mencionar como un ejemplo el Arancel de Abogados,
Procuradores, Mandatarios Judiciales, Expertos, Interventores y Depositarios, el cual limita la
libre competencia entre los agentes económicos.  Se establece un arancel del cual no podrán
cobrar menos de lo ahí establecido.  Otra vez la ley protege al agente económico y no al
mercado ni a los consumidores.

Al igual las barreras técnicas son establecidas a través de reglamentos  y leyes, a través de los
cuales en nombre de protección de  la salud, de la seguridad del consumidor se establecen
regulaciones que lo único que hacen es servir de barrera técnica a la entrada al mercado de
otros agentes económicos y proteger a los agentes económicos en vez de promover que
compitan entre ellos.


ANTEPROYECTO DE  LEY DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA -MINECO-
El Ministerio de Encomia, a través de un largo proceso de investigación, estudio, comparación,
contratación de asesores nacionales e internacionales, ha elaborado un anteproyecto de Ley
de Libre Competencia, para que a través de este cuerpo legal, se desarrolle el artículo 130 de
la Constitución Política de la República, consistiendo en eliminar todas aquellos actos,
conductas o acuerdos entre agentes económicos competidores y no competidores, que atenten
contra el libertad de mercado y los legítimos intereses económicos del consumidor.

El ante proyecto de ley del Ministerio de Economía ha sido inspirado entre otros en la ley marco
de UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio).



CONCLUSIONES:

1.        Centroamérica ha adquirido compromisos multilaterales, entre los propios países
miembros y con terceros estados, entre los cuales se plasma la necesidad de desarrollar
normas legales que promuevan la libre competencia en los mercados.
2.        Guatemala debe desarrollar una política de promoción de la libre competencia y
protección del mercado, como un medio para alcanzar un mayor grado de competitividad a nivel
internacional y el desarrollo económico, y como beneficiario indirecto el consumidor.
3.        La desregulación del mercado de aquellas normas que creen barreras legales y técnicas
de entrada y la simplificación administrativa, deben ser los mecanismos de promoción del
desarrollo económico y la atracción de inversión.
4.        La armonización de la legislaciones centroamericanas en materia promoción de la
competencia a nivel del istmo centroamericana es muy importante, ya que nuestras economías
están altamente vinculadas e integradas, al grado que existen carteles y conductas
anticompetitivas como los son abusos de posición de dominio a nivel regional.
5.        La legislación en materia económica en Guatemala necesita ser adecuada al siglo XXI,
ya que estamos pretendiendo competir y desarrollar una economía moderna, con un marco
regulatorio que tiene más de treinta años, y en otros casos más de cincuenta años,  que
necesita ser actualizado a las nuevas formas de hacer negocios que se desarrollan en una
actividad económica mundial cada día más globalizada.
6.        No basta con privatizar y abrir los mercados a la competencia, se debe adoptar los
mecanismos legales necesarios para que el Estado pueda garantizar a los agentes económicos
un libre ingreso y salida de los mercados, sin privilegios y sin barreras legales ni técnicas.
Muadi & Murga
Abogados y Notarios